El abogado de los propietarios de Santagro declaró que las personas que tomaron por la fuerza este predio procedieron esta semana a cosechar la soya sembrada. En conferencia de prensa, Jorge Franco, alegó que el valor del cultivo alcanza aproximadamente los $us 2 millones.
Franco denunció que hasta la fecha no se pudo realizar siquiera una reconstrucción de los hechos o el debido levantamiento de pruebas tras la confrontación, acontecida el 29 de marzo, que dejó supuestamente el saldo de dos muertos.
Los propietarios denuncian que el predio fue invadido el 25 de diciembre del año pasado de forma violenta por un grupo de avasalladores, quienes continúan en posesión a pesar de la intervención policial que hubo en su momento.
“Este es un hecho gravísimo, que produce un daño irreversible de más de dos millones de dólares contra la dueña del predio (…) vamos a demandar al Estado boliviano porque es el responsable de que hasta el momento no se hubiese podido alzar la cosecha en el predio”, aseveró el jurista.
Además, con documentos en mano, acusó a las autoridades del Gobierno central por “desinformar a la opinión pública”, quienes estarían señalando que Santagro se encuentra ubicada en tierras fiscales.
“Acá tenemos la resolución que reconoce medidas precautorias para resguardar el derecho de posesión de la propiedad otorgado conforme a ley”, indicó, haciendo referencia a una resolución aprobada el 13 de abril por el juez agroambiental de San Ramón, Franz Carrasco, quien -fundamentado en la documentación existente y las leyes- autoriza a la propietaria del predio Santagro a proceder con la cosecha de la soya sembrada.
“Los avasalladores en este momento están robando la soya con resguardo policial, pese a existir una medida cautelar del juez agroambiental de la localidad de San Ramón, que es el competente en la jurisdicción, que ordena el resguardo policial a la fuerza pública para que la propietaria legal pueda proceder con la cosecha de su soya”, señaló el abogado.
Jorge Franco denunció también que entre el miércoles 26 y el jueves 27 de abril, dos fiscales de apellidos Jamachi y Lafuente procedieron a allanar domicilios y oficinas de Santagro, de sus abogados e, incluso, de sus acreedores, sin que exista siquiera una citación previa para enterarse de los motivos.
“Hasta el momento, ni nosotros ni los abogados de las personas que están siendo amedrentadas hemos tenido acceso al expediente cautelar ni al proceso en sí, pues lo han diversificado, vulnerando los principios del debido proceso”, recalcó.
El legista aseveró que ambos fiscales enviaron a la fuerza pública a irrumpir en oficinas y negocios de los acreedores para llevarse equipos, bajo el argumento de la investigación y que lamentablemente habría un menor de 10 años con “daño psicológico permanente”, debido a que se llevaron detenida a su madre.
Finalmente, manifestó que al parecer hay pretensiones de apoderamiento de Santagro y de las unidades productivas de sus acreedores, por tanto, pidió al presidente del Estado, Luis Arce, y al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, que suspendan a los funcionarios públicos que “están privando a varias personas del acceso al debido proceso”.
