La principal apuesta económica de la administración de Luis Arce es la industrialización con un enfoque de sustitución de importaciones. Con ello pretende dar respuesta no solamente a problemas coyunturales como la escasez de dólares, sino que también se proyecta como un pilar para frenar el fenómeno migratorio de zonas rurales a las ciudades, el cual se ha intensificado en los últimos años.
“Una de las preocupaciones de nuestro presidente, tiene que ver que en los últimos años se venía dando una situación de migración campo – ciudad y que es una preocupación a la que él justamente está dándole una mirada muy importante”, afirmó en días pasados la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
La autoridad dijo que se está trabajando en brindar condiciones para que las personas no tengan la necesidad de migrar a las grandes ciudades en busca de oportunidades, sino que a través de procesos de transformación e industrialización de materias primas que se producen en el campo, se generen las fuentes de empleos que hacen falta.
Para ello,mencionó que se están construyendo 130 plantas industriales en municipios rurales de diferentes partes del país, con una inversión que bordea los $us 3.600 millones. Paralelamente, indicó que se implementan proyectos para mejorar el acceso al agua, energía eléctrica, educación y salud.
Los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en el año 1992, un 58% de la población vivía en el área urbana; en el 2001, aumentó a 62% y en el último conteo poblacional del 2012 pasó a 67%.
Adicionalmente, esta institución presentó una Encuesta de Hogares al 2021, cuyos resultados revelaron que el 70,5% vive en el área urbana. Existen proyecciones como las del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad) que señalan que actualmente el país tiene un 75% de personas viviendo en municipios urbanos.
Desarrollo local
Juan Pablo Sejas, encargado de Proyectos y Estrategia Institucional de la Fundación IRFA, organización que trabaja en promover el desarrollo en el área rural, sostuvo que la propuesta gubernamental podría contribuir a detener la migración del campo a la ciudad, siempre y cuando los proyectos se ejecuten de manera eficiente.
En su criterio uno de los factores que limitan esta estrategia es que las empresas estatales son “altamente deficitarias”, un problema que se arrastra desde la gestión de Evo Morales.
No obstante, aseguró que si se genera un cambio en la gestión de Arce, el fomento a la actividad industrial en zonas rurales generará un importante desarrollo económico local, que puede resultar en “mayor inversión, infraestructura y servicios disponibles en estas áreas”.
“(La construcción de plantas industriales) podría mejorar la resiliencia económica de las comunidades rurales y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de otros sectores, como la manufactura o la tecnología”, añadió.
Para que estas medidas sean efectivas, Sejas considera que es fundamental que la estrategia gubernamental esté acompañada de inversiones en infraestructura y servicios básicos, como carreteras, electricidad, agua potable, atención médica y educación, ya que muchas veces las personas deciden salir de las zonas rurales por falta de atención a estas necesidades.
“Desde IRFA, hemos analizado la situación y vemos que el problema de la migración campo – ciudad es mucho más complejo y multidimensional, que no se limita solamente al factor trabajo, existen comunidades rurales que sobreviven ante la escasez de oportunidades económicas, ausencia de servicios básicos, reducido acceso a salud, educación y conectividad, a esto se suma el problema de la escasez de agua, la depredación de los bosques, y con ello, todos los servicios ambientales que éstos generan”, detalló.
Pamela Cartagena, directora nacional del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), explicó que además de falta de oportunidades laborales, la migración del campo a la ciudad se da por factores sociales y medioambientales.
Señaló que en el occidente del país existe un limitado acceso a la tierra. Esto obliga a que, una familia común que llega a tener seis hijos, máximo uno o dos se queden a trabajar en iniciativas productivas o en áreas administrativas de los municipios. El resto migra a las ciudades en busca de otras oportunidades.
Sin embargo, considera que la migración no es un problema, sino un “fenómeno natural” que tiene que ver con las expectativas de los jóvenes que no están interesados en seguir con el trabajo de sus padres y les llama más la atención la ‘modernidad’ de las ciudades.
“Hay un gran porcentaje de jóvenes que sí o sí va a salir, porque no está dentro de sus expectativas el ser ni agricultores, ni estar en la segunda fase de transformación y comercialización, prefieren una carrera universitaria y trabajar como cualquiera de nosotros de abogado, ingenieros y otras carreras”, aseveró.
Brechas aún sin cerrar
Con respecto a las plantas de industrialización que construirá el Gobierno, Cartagena señaló que si bien generarán empleos, habría que analizar cuánto de mano de obra calificada se requerirá y qué porcentaje vendrá de las ciudades.
Ve que aún persisten brechas importantes entre el campo y la ciudad en materia de educación, lo cual también es uno de los factores por el que jóvenes migran a las capitales. Pese a que existen unidades educativas e incluso universidades rurales, afirmó que muchos prefieren ir a las ciudades capitales porque consideran que la calidad educativa es mejor allí.
Además, observa que el acceso al agua, servicios básicos, salud, conectividad y otros servicios son aún deficientes en el área rural.
“Hay una brecha que todavía no hemos logrado salvar, ni siquiera en estos últimos años que ha habido auge económico. Esa brecha urbano – rural que se traduce en cifras de educación, salud, ingresos, incluso en cuestiones sociales de discriminación, las peores cifras están en el mundo rural”, apuntó.
Migración forzosa
Otra problemática que existe en el área rural es la migración forzosa por la contaminación de actividades extractivas. Cartagena cuestionó que en muchos casos la minería contamina fuentes de agua, afectando la provisión para diferentes comunidades indígenas.
“La minería que contamina fuentes de agua está siendo una de las causas de expulsión forzada, porque ya no hay condiciones salubres para habitar ciertas áreas”, lamentó.
Desde hace varios meses que existen denuncias contra la explotación desmedida y sin control del oro, que termina contaminando el agua con mercurio y ocasionando problemas de salud a las comunidades locales.
La directora del Cipca también puntualizó que factores climáticos con prolongadas sequías minimizan las opciones productivas y obliga a las personas a emigrar. “En estos casos más bien se requieren políticas públicas que minimicen la afectación o se proporcionen condiciones de bienestar para la población que decide quedarse”.
Por su parte, Juan Pablo Sejas del IRFA dijo que la sostenibilidad ambiental es un punto que no se debe “pasar a la ligera” y que el desarrollo industrial debe mitigar los posibles impactos negativos en el medio ambiente.
“Las plantas industriales deben cumplir con regulaciones ambientales adecuadas y tomar medidas para minimizar la contaminación y los efectos perjudiciales para el entorno natural y los recursos naturales”, manifestó.
