Entre otros puntos, se solicitará a las empresas privadas que hayan ganado una licitación que levanten voluntariamente el secreto bancario de las cuentas en las que se depositarán recursos del Estado.
El presidente Luis Arce envió este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el ‘Anteproyecto de Ley de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción’ que plantea, entre otros aspectos, identificar las cuentas bancarias y los movimientos económicos de las empresas que se adjudican obras con el Estado.
La normativa busca poner un freno a hechos delictivos como el cobro de coimas de autoridades y funcionarios públicos por la licitación de una determinada obra, tal como ocurrió en el caso del exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz.
Las empresas que ganen una licitación estatal deberán crear una cuenta específica para el depósito de los recursos del Estado y desde allí se hará un seguimiento a los gastos que realicen, corroborando que efectivamente estén relacionados con el contrato. Para este efecto, se solicitará a la compañía que levante el secreto bancario de la cuenta en la que se depositará el dinero.
“Se va a solicitar a todas estas empresas privadas que se adjudicaron obras, con las diferentes instituciones del Estado en sus diferentes estratos, que abran una cuenta donde se depositará el 100% de los recursos que el Estado se compromete al ejecutarse la obra, y en esa cuenta se podrá determinar los gastos que realizan las empresas privadas en la consecución de las obras señaladas en el contrato respectivo”, explicó el jefe de Estado en un acto público desarrollado en la Casa Grande del Pueblo.
Arce aclaró que se respetará a las empresas privadas que no accedan a esta solicitud y quieran cobijarse bajo el secreto bancario, conforme a la normativa vigente en Bolivia que asegura la confidencialidad.
No obstante, anunció que se dará a conocer a la sociedad las empresas que están demostrando transparencia en sus movimientos financieros en contratos con el Estado y a las que continuarán bajo el amparo del secreto bancario.
“Siempre en el marco constitucional, esto se solicitará de manera voluntaria a las empresas privadas de que puedan prescindir del secreto bancario para que la cuenta, que va a recibir recursos de los bolivianos, ahí, tiene que hacerse seguimiento a esos pagos, sin perjudicar la inversión ni la gestión que realizan estas empresas”, puntualizó el primer mandatario.
