Ha dejado de ser un comercio informal minoritario para convertirse en un negocio del crimen organizado. El contrabando crece cada año afectando no solamente a Bolivia, sino también a países vecinos que ven cómo se ponen en riesgo los empleos formales y la sostenibilidad de varias empresas.
Y es que de acuerdo al economista José Gabriel Espinoza, cada vez más los contrabandistas van creando redes logísticas y se asocian con comunidades locales para obtener protección, lo que hace muy difícil controlar el masivo ingreso y salida de mercadería ilegal.
Este jueves se llevó a cabo el seminario internacional “Del comercio informal al crimen organizado, los desafíos de la región frente al contrabando”, con la participación de organizaciones empresariales de Bolivia, Chile y Perú, además de representantes gubernamentales bolivianos.
Fue una oportunidad para identificar -desde el sector privado- cuáles son los problemas para que el contrabando continúe creciendo y qué propuestas existen para luchar contra este ilícito transfronterizo.
Lo que quedó claro es que debe haber una estrategia conjunta público – privada con los distintos niveles de gobierno para tomar acciones coordinadas y no aisladas como se ha estado haciendo hasta la fecha. Esta coordinación tiene que también involucrar a los países vecinos para fortalecer la lucha.
“Los pilares estratégicos a trabajar sobre el contrabando hoy día es la confianza, es el diálogo y es la voluntad, en el caso de las autoridades chilenas hemos visto que existe esta voluntad de conversar, de participar de estas instancias de diálogo”, dijo José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Chile (CNC).
Desde este país llega a Bolivia mercadería de contrabando como ropa usada, electrodomésticos, vehículos indocumentados, entre otros. Mientras que por suelo boliviano se transporta ilegalmente a Chile gran cantidad de cigarrillos los cuáles provienen de Paraguay.
Según los disertantes del seminario, los contrabandistas no se conforman con llevar un producto y volver con el dinero, sino que al regreso también aprovechan para traer otra mercadería, sin mencionar que algunos incursionan en delitos mayores como el narcotráfico y la trata y tráfico de personas.
Estos grupos ilícitos han trazado rutas y pasos ilegales a lo largo y ancho de los 7.000 kilómetros de frontera que tiene Bolivia y trafican de ida y vuelta hacia países vecinos. Es un problema regional.
Los contrabandistas aprovechan la falta de control que no solamente se registra en Bolivia. Por ejemplo, los empresarios reconocen que en el lado peruano existe un gran negocio ilegal de venta de facturas para poder ingresar a territorio boliviano con carga supuestamente adquirida legalmente.
Mientras que en Chile, desde la Zona Franca de Iquique (Zofri), parte una gran cantidad de mercadería que ingresará vía contrabando hacia Bolivia, sin que haya un control de las autoridades del vecino país.
Afectación económica a Bolivia
De acuerdo a Hugo Siles, asesor económico de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia, el ingreso de mercadería de contrabando al país pasó de $us 1.000 millones en el año 1999 a $us 3.331 millones en el 2022. Detalló que este negocio ilícito pone en riesgo a 37.000 empresas nacionales y 600.000 empleos.
Aseguró que, debido al contrabando, en el 2022 el Estado boliviano dejó de percibir $us 930 millones en solo dos impuestos: gravamen arancelario y el IVA a las importaciones.
Por su parte, Pablo Camacho, presidente de la CNI, señaló que su institución plantea cuatro propuestas para que en Bolivia se fortalezca la lucha contra el ingreso y salida de mercadería ilegal, entre ellas, la reactivación del Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando, la modificación del Código Tributario para disminuir de 200.000 a 50.000 UFV el valor del monto para que se considere como delito aduanero.
También plantea la participación de gobiernos municipales para incautar mercadería que no tenga documentación de respaldo y fortalecer las tareas de interdicción del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando con el apoyo de entidades públicas como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y otros.
“En realidad este es un esfuerzo conjunto, el Gobierno tiene que entender que nosotros los empresarios buscamos mejores fuentes de trabajo, pero si cada uno actúa por su lado no vamos a generar la fuerza y la contundencia necesaria para empezar a disminuir este mal que flagela”, manifestó Fernando Antezana, director de la Cainco.
