El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el subsecretario del Ministerio de Interior de Chile, Manuel Monsalve, se reunieron este miércoles en el municipio chileno de Iquique, para trabajar en una política migratoria y de lucha contra el contrabando, además de definir acciones concretas contra el robo de vehículos y su comercialización.
Uno de los puntos acordados fue que la Policía chilena compartirá a su par de Bolivia información en línea sobre los vehículos robados en el vecino país, para que las autoridades bolivianas puedan realizar operativos y neutralizar la ilícita comercialización de estos motorizados en territorio nacional.
“Esto quiere decir que la Policía va a poder realizar operativos en distintas ferias o venta de automóviles y en tiempo real va a poder determinar qué vehículos tienen denuncia de robo internacional por parte de la República de Chile”, destacó Del Castillo.
El ministro informó que en 15 días más se volverán a reunir las autoridades de ambos países, esta vez en territorio nacional, para firmar este acuerdo que permitirá combatir el robo de vehículos.
La reunión en Calama se realizó en un contexto de alta preocupación por los recurrentes robos de vehículos que ocurren en Chile los cuales, muchos de ellos, son comercializados luego en Bolivia. En días pasados, tres ciudadanos chilenos fueron atacados en Challapata, Oruro, con disparos de armas de fuego cuando intentaban recuperar el camión que les habían robado en su país.
CONTRABANDO
Durante el encuentro bilateral también se fijó un plazo de 30 días para articular acciones en la temática de migración y lucha contra el contrabando.
“Nos hemos dado un plazo de 30 días para trabajar una política entre ambos países en tema migratorio, flujo de personas, y contrabando, dos elementos que son esenciales para ambos países”, aseveró Del Castillo.
La frontera chilena es la puerta de ingreso de un porcentaje significativo de contrabando a Bolivia de diferentes productos como ropa usada, línea blanca y negra de electrodomésticos, entre otros. El Gobierno encara acciones operativas para frenar esta ilícita actividad en los 308 kilómetros de frontera que existe entre ambos países.
