Gobierno instruye al sector público reducir gastos para precautelar la sostenibilidad financiera

por Josue Hinojosa

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispuso aplicar una política de austeridad en el sector público que consiste en reducir gastos sin afectar el funcionamiento de las instituciones, esto con la finalidad de realizar un manejo apropiado de los bienes del Estado optimizando los recursos.

Según un comunicado de esta cartera de Estado, de este modo se precautelará la sostenibilidad financiera del Estado.

La disposición está enfocada en el recorte de gastos relacionados a viáticos, gastos en bienes y servicios de consumo como publicidad y difusión, así como la renovación de vehículos que se resumirá a lo estrictamente necesario.

También se recortará gastos relacionados a servicios de imprenta, puesto que la introducción es optar por la difusión de publicaciones y memorias institucionales a través de medios electrónicos y páginas web institucionales.

También se dispone reducir gastos en pasajes de funcionarios públicos, dado que las reuniones deberán se debe realizar preferentemente con el uso de tecnologías de la información. La adquisición de activos fijos, como equipos de oficina y de computación, también queda restringida.

El comunicado del Ministerio de Economía también dispone que las entidades y empresas del nivel central del Estado deben dar cumplimiento al Decreto 27327 que establece que los vehículos oficiales son de uso exclusivo para el desenvolvimiento de funciones de las autoridades establecidas, por lo que queda prohibida la asignación a otros servidores públicos.

El decreto también establece que la compra o alquiler de bienes inmuebles será posible solamente en casos de extrema necesidad, y previo análisis del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape).

Asimismo, se dispone que el servicio de telefonía celular queda autorizado únicamente a funcionarios del primer y segundo nivel jerárquico de la administración central, de modo que cualquier excepción deberá ser autorizada por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), bajo responsabilidad de ésta.

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