Ante los recurrentes pedidos del sector gremial de abrogar el Decreto Supremo 5143, por considerarlo atentatorio contra la propiedad privada, el Gobierno nacional rechazó esa posibilidad y aseguró que la propiedad privada está garantizada.
Mencionado decreto establece que Derechos Reales, la instancia encargada del registro de documentos de propiedades en Bolivia, que depende del Consejo de la Magistratura, debe coordinar con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información (Agetic), esta última dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Esa es la principal observación: que el Poder Ejecutivo esté involucrado en el trabajo del Consejo de la Magistratura, que depende del Poder Judicial. Según los gremiales, hay un interés de intromisión y de atentar a la independencia de poderes.
Por otro lado, el sector gremial cuestiona que a partir de la promulgación del decreto se debe designar una autoridad en Derechos Reales por un periodo de 5 años y sin selección previa. Según este sector, esto quiere decir que dicha autoridad será puesta “a dedo” por el Gobierno.
Sin embargo, la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia, desestimó las críticas del sector gremial y aseguró que la propiedad privada es irreversible por constitución.
“Se ha estado manejando información que no corresponde a la norma, este decreto establece que Derechos Reales sigue dependiendo del Consejo de la Magistratura y por ende del Órgano Judicial. La propiedad privada no está en riesgo, y es un derecho constitucional”, explicó.
La autoridad pidió a la población no tener temor porque ningún decreto ni ley puede modificar a la Constitución Política del Estado (CPE).
