Luego de que el sector gremial estableció como fecha límite el 10 de junio para que el Gobierno atienda sus demandas, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor de Bolivia, Jorge Silva, informó que ya se enviaron notas a las distintas organizaciones de este sector para que estas fijen fecha y hora de la reunión en la que se atenderá sus peticiones.
Sin embargo, la autoridad aseguró que este sector tiene intereses políticos y de desestabilizar al Gobierno nacional.
“Estamos cruzando ya notas a todas las organizaciones de gremiales en todo el país a objeto de que ellos determinan la fecha y el lugar donde quieran llevar adelante las reuniones”, dijo Silva.
Señaló que en el encuentro se dialogará y escuchará las preocupaciones del sector gremial respecto al Decreto Supremo 4732 que establece que todo contrato de compra y venta de un bien inmueble en la modalidad de preventa no debe tener cláusulas ni prácticas comerciales abusivas.
No obstante, el sector gremial exige la abrogación de mencionada norma al considerar que ésta pone en riesgo la propiedad privada.
Para Silva, el pedido de los gremiales tiene un trasfondo político, puesto que algunos dirigentes generan en las bases una postura de rechazo basada en la mentira, buscando desestabilizar al Gobierno a través de movilizaciones y bloqueos.
“Como Luis Fernando Camacho daba 24 horas, 48 horas a Evo Morales para que renuncie, están adoptando el mismo mecanismo golpista para desestabilizar al Gobierno para fijar fechas o en su defecto un bloqueo nacional de caminos”, alertó el viceministro.
