El presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún, Jorge Alvarado, al conocer el fallo favorable en el proceso arbitral en el caso Jindal, resaltó la gestión de la Procuraduría General del Estado Plurinacional del Estado, dado que la determinación desestimó un juicio por un monto cercano a los 100 millones de dólares.
“Acabamos de recibir la feliz noticia del fallo del Tribunal Arbitral en el caso del juicio que le inició la empresa Jindal a la Empresa Siderúrgica del Mutún.
El Tribunal tomó la decisión de rechazar el juicio por un monto cercano a los 100 millones de dólares y, por otro lado, decidió de que debe pagar 3 millones de dólares por daños y perjuicios”, explicó Alvarado.
La mañana de este miércoles, el procurador general del Estado, César Siles, informó que el Estado boliviano fue notificado con la desestimación de la solicitud de indemnización presentada por la empresa hindú por aproximadamente 100 millones de dólares.
Siles mencionó que el tribunal internacional dispuso y condenó a la empresa Jindal el pago de costas, anticipos, arbitrajes a favor de ESM por aproximadamente $us 3 millones, lo cual implica un fallo favorable para el Estado boliviano.
Por otro lado, Alvarado explicó que fueron dos argumentos con los que la empresa hindú inició el proceso: la falta de entrega de los terrenos para la construcción del Complejo Siderúrgico del Mutún y la falta de gas para que pueda funcionar el proyecto siderúrgico.
“En el primer argumento el Estado boliviano ya estaba adquiriendo y pagando el costo de los terrenos (…) y sobre el segundo argumento, la empresa Jindal indicaba que no se le había entregado gas cuando ni siquiera había puesto una piedra para la construcción del complejo siderúrgico del Mutún”, indicó Alvarado.
Por su parte, el asesor legal de la ESM, Gabriel Guzmán, informó que, pese a las adversidades, se supo salir adelante, ya que la notificación de designación de un bufete de abogados se hizo tras que asumieron la administración de la ESM con un plazo de solo tres días.
Según datos de la ESM, el proceso se inició en 2021, cuando Alvarado asumía el cargo. El bufete de abogados que defendió al Estado boliviano fue Deker, con sede en París, entidad que goza de prestigio internacional y profesionales de altísimo nivel.
“En ese momento el presidente Luis Arce toma la decisión correcta de que quien debía asumir la defensa de los intereses de Bolivia es la Procuraduría (…) quien nombra a Deker, un bufete de prestigio internacional con profesionales de altísimo nivel”, resaltó el presidente de la ESM.
