Entre las principales conclusiones del Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se acordó solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar una ley para suspender las elecciones primarias de cara a las elecciones ncionales de 2025.
“Los asistentes de manera unánime piden a la ALP aprobar una ley que suspenda las elecciones primarias para la gestión 2024 y retomar un análisis de su implementación progresiva para impulsar la democracia interna en las organizaciones políticas”, dice el punto cuatro del acuerdo.
El encuentro se realizó en oficinas del TSE, en La Paz, en medio de una serie de enfrentamientos entre seguidores del “arcismo” y “evismo”.
El punto tres, señala que es prioridad la realización de las elecciones judiciales que permitirán renovar a las autoridades judiciales en el marco constitucional y legal vigente en el país.
En este contexto, existía un riesgo operativo por la proximidad de que las elecciones primarias, que debían realizarse en diciembre de 2024, con las elecciones judiciales.
Además, el acuerdo alcanzado entre los partidos políticos asistentes al encuentro señala que el TSE se compromete a garantizar la transparencia en la consolidación y confiabilidad del padrón electoral biométrico para las elecciones generales de 2025.
Además, el TSE prevé “asegurar la participación efectiva de las organizaciones políticas en las fases de empadronamiento, actualización del padrón y consolidación de datos, brindando información oportuna y efectiva a todos los actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general”.
Entre las novedades definidas está el compromiso del TSE de implementar “de forma progresiva” un sistema de difusión de resultados preliminares en los futuros procesos electorales, que permita contar con “datos preliminares y oportunos sobre la votación con fines de información”.
Por otro lado, se definió que el TSE “colaborará y coadyuvará” en el marco de sus competencias en la atención de las denuncias de acoso y violencia política, además de promover espacios de diálogo y capacitación sobre los temas de género.
“El TSE decidirá jurídicamente los casos de transfugio político que lleguen a su conocimiento, estableciendo procedimientos oportunos para el tratamiento de estos casos en el marco de la normativa vigente.
Se destacó, además, la necesidad de “analizar una aplicación efectiva de la normativa en los temas de transfugio político”, dice otro de los puntos del acuerdo.
